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Diversidad funcional
Fagocitosis institucional
Por Manuel Rodríguez González *
Recuerdo muy nítidamente un documental de la National Geographic, donde 
un impala era acosado, hostigado y relegado a la soledad, al rechazo del enorme rebaño de sus iguales. Aquel desdichado herbívoro expulsado, a pesar de ese aislamiento intentaba volver a entrar en la sociedad que conocía, en el rebaño. Una y otra vez los líderes de la manada, esencialmente, le empujaban y agredían, mientras muchos otros lo marginaban con el desprecio del conformismo, del seguir pastando o como mucho mirando impasibles, como era exiliado.
Tras esa expulsión forzada y ante la soledad del espacio abierto, de la inmensa sabana pronto fue reconocido y atacado por carnívoros; en este caso por un grupo de leones que organizados pronto lo capturaron y devoraron, mientras el grupo de impalas, comía más plácidamente, más seguros incluso que antes.
Y yo me pregunto, ¿acaso esta sociedad fagocitante es diferente a la del reino animal, que se rige por las leyes de la supervivencia y el miedo, siendo cómplices en general demasiados ciudadanos que con su silencio y mirar para otro lado dan el visto bueno a quienes con políticas insolidarias y gregarias toman por los demás decisiones a menudo tajantes y excluyentes con los más débiles?.
Seguimos siendo pitecántropos al uso, donde lo que aún, a pesar de ese supuesto raciocinio intelectual y evolutivo del ser humano; y que parece ser nos diferencia de irracionales seres no ha cuajado, donde el instinto animal prima mucho más que esa supuesta inteligencia emocional y empática hacia los demás, donde finalmente ese instinto darwiniano se aferra al afán, no de superación sino del empujón y nos “humaniza” para ser competitivos, para ser fuertes en todos los aspectos y repudiar a quienes no llegan al canon absurdo, donde todo vale con tal de trepar y de hacerse un lugar para llegar a esta sociedad viciada de falsos éxitos sociales y económicos, pero que la decadencia de una sociedad insolidaria y falsa de valores comprometidos hacia la riqueza de la diversidad, de la participación y colaboración entre todos y para todos es pura imagen cual gotita de esperanza rota con una simple brisa.
Y es que, en pleno siglo XXI hemos “crecido” poco en asuntos bioéticos, humanos y deontológicos y seguimos mirando unas veces con lástima despiadada; otras con mísero rechazo a quienes consideramos inferiores por su condición física, conductual, psicológica o intelectual. ¡BASTA YA!
Por cierto, el pecado de ese impala obligado a morir: Ser albino. Ser distinto, representar para ese enorme rebaño de su misma especie un peligro, un obstáculo al llamar la atención su pelaje atípico.
__________________________________________________________
* Manuel Rodríguez es un ciudadano fagocitado por la Junta de Extremadura desde el día en que denunciara el acoso escolar que su hija con diversidad funcional padecía en Villafranca de los Barros. No solo no han puesto remedio, sino que Consejería de Igualdad, Consejería de Educación, Presidencia, por omisión, y la propia justicia a través de la frívola intervención de Fiscalía de menores, tanto al padre como la hija y tras una torticera confabulación de la que le sobran pruebas, les han dado la espalda.
¡BASTA YA!
La Coctelera
Constituido el Comité de Apoyo a la Convención de la ONU de discapacidad
Compuesto por veinte expertos
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) constituyó este lunes en Madrid el Comité de Apoyo para el seguimiento en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
JESSICA HERNÁNDEZ. Compuesto por 20 expertos cualificados en materia de derechos humanos, de diversas instancias tanto públicas como de la sociedad civil, el Comité es un órgano de soporte a la labor del Cermi de supervisar la aplicación de la Convención de la Discapacidad en España.
Con la creación de este Comité, el Cermi quiere contar con el parecer, las propuestas y las recomendaciones de todas aquellas instituciones y personas comprometidas con los derechos humanos, para desplegar en las mejores condiciones su función de órgano de la sociedad civil encargado de supervisar la aplicación de la Convención en nuestro país.
En la reunión de este lunes se adoptaron los objetivos y el plan de trabajo para el año en curso, que se centrarán en gran medida en la elaboración del Informe sobre Derechos Humanos y Discapacidad 2009 y en el estudio de propuestas para el ajuste del ordenamiento jurídico español a los principios, valores y mandatos de la Convención.
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MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) - El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha terminado de constituir el Comité de Apoyo para el seguimiento de la Convención de la ONU sobre discapacidad en España que, según explican sus responsables, se compone de 20 expertos "cualificados" en materia de derechos humanos, procedentes de diversas instancias tanto públicas como de la sociedad civil.Invest for children reúne la experiencia laboral de 17 discapacitados en un libro
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Tres años sin cumplir los plazos de la ley de Dependencia
Las autoridades venden como avance su deber de dar las ayudas en seis meses
MADRID.- Los responsables de política social de las comunidades llegaron la última semana de enero a un acuerdo: resolver las ayudas por Dependencia en un plazo de seis meses, desde que el ciudadano lo solicita hasta que se le concede (sobre el papel) la prestación de que se trate. Así pues, tres años después de ponerse en marcha la Ley de Dependencia, los responsables políticos se han reunido para adquirir el compromiso de cumplirla.
Porque en dicha norma ya se indica - artículo 28- que la tramitación de estas ayudas se hará de acuerdo al Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es decir, en un plazo de seis meses. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.
La Ley de Dependencia está excesivamente lastrada con los procedimientos administrativos y ahí radica buena parte de los retrasos que sufren los ciudadanos. Pero algunas comunidades han ido encogiendo los trámites para aligerar el proceso.
Muy pocas, pero algunas, como Castilla y León ya tienen en marcha un expediente unificado, es decir, que en un solo paso el ciudadano conoce su grado de dependencia y la ayuda que le corresponde. Por eso tardan menos en resolver, muy lejos de la lamentable media española, que se sitúa entre los 12 y 18 meses, un periodo de tiempo excesivo para personas que requieren ayuda urgente. También en Guipúzcoa la espera es de las más reducidas. La Administración vasca habla de unos tres meses.
Pero puede afirmarse que la práctica totalidad de las comunidades emplean más que los preceptivos seis meses en conceder las ayudas a los dependientes. Y esa media española la alimentan comunidades como Madrid o Canarias, donde el usuario puede esperar casi dos años su ayuda, según el último estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Comunidades como Madrid o Valencia, que muestran algunos de los peores resultados en su gestión de la Ley de Dependencia, no sólo no aligeraron el procedimiento, sino que regularon el llamado silencio negativo: si el ciudadano no recibía respuesta se quedaba en un limbo administrativo que apenas le dejaba la opción de volver a solicitar su ayuda como si nada hubiera pasado antes. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad tumbó esa iniciativa por una cuestión de forma: no habían regulado con rango de ley.
Pero aún quedan otros resquicios para burlar lo que, en principio, plantea la ley. Por ejemplo, considerar que el procedimiento no es uno solo, sino tres: uno para que el ciudadano sea valorado, otro para determinar su grado y nivel de dependencia y un tercero para prescribir la ayuda. Si se entiende que son tres, podrían contar con seis meses para cada cosa. Y eso también ha estado ocurriendo. De hecho, en Madrid hay un recurso de casación planteado en el Tribunal Supremo -pendiente de admitirse o no a trámite- para que determine si es legal retrasar el procedimiento por la vía de dividirlo en dos o tres pasos.
Los trámites también se paralizarían si la Administración solicita algún documento al dependiente. Entonces los seis meses contarían de nuevo, algo que ha pasado en numerosas ocasiones, incluso pidiendo papeles que ya se habían entregado o que ya posee la administración.
"La situación se ha subvertido de tal forma que vamos hacia un sistema de protección social que utiliza la burocracia como arma para defenderse del ciudadano y el derecho de las personas a ser atendidas y apoyadas está por encima de los procedimientos", afirma Luis Barriga
de la Asociación de Gerentes. "Otros sistemas como la sanidad o la educación ofrecen respuestas más inmediatas, sin necesidad de que cada decisión del profesional, del paciente o del alumno se diriman en forma de resolución administrativa", añade.
"En cualquier caso, es obligatorio informar al ciudadano que su solicitud ha sido recibida y del plazo máximo establecido para resolver, así como de los efectos del silencio administrativo", asegura Barriga.
El abogado José Ausín, que tramita casos de afectados de Alcorcón (Madrid), es quien ha presentado el recurso ante el Supremo. Y aunque se felicita de la voluntad política de agilizar los trámites, opina que "se está llegando a tal nivel de deterioro que no se propone la sanción de los que no cumplen sino el aplauso a los que se proponen cumplir la ley".
Notas
Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:
1 -Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.
2 - Genera para la Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.
3 - Establece un procedimiento punitivo “a la carta” para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la red es un motor económico importante para salir de la crisis como se ha demostrado ampliamente.
4 - Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía. Además la normativa introducirá el concepto de "lucro indirecto", es decir: a mí me pueden cerrrar el blog porque "promociono" a uno que "promociona" a otro que linka a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos
5 - Recordamos que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental contrariamente a las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Lo que es un derecho fundamental es el derecho a la producción literaria y artística.
6 - De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Cultura, esta disposición se utilizará exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente están atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si éste es el objetivo de la disposición, no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan ya que lo único que añade a la legislación actual es el hecho de dejar la ciudadanía en una situación de grave indefensión jurídica en el entorno digital.
7 - Finalmente consideramos que la propuesta del gobierno no sólo es un despilfarro de recursos sino que será absolutamente ineficaz en sus presuntos propósitos y deja patente la absoluta incapacidad por parte del ejecutivo de entender los tiempos y motores de la Era Digital.
La disposición es una concesión más a la vieja industria del entretenimiento en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la era digital.
La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Dicha circunstancia ya fué aclarada con el dictado de inconstitucionalidad de la ley Corcuera (o ley de patada en la puerta). El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, respaldado por más de 200 000 personas, ya avanzó la reacción y demandas de la ciudadanía antes la perspectiva inaceptable del gobierno.
Para impulsar un definitivo cambio de rumbo y coordinar una respuesta conjunta, el 9 de enero se ha constituido la "Red SOStenible" una plataforma representativa de todos los sectores sociedad civil afectados. El objetivo es iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la Red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales.
En este sentido, reconocemos como referencia para el desarrollo de la era digital, la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, un documento de síntesis elaborado por más de 100 expertos de 20 países que recoge los principios legales fundamentales que deben inspirar este nuevo horizonte.
En particular, consideramos que en estos momentos es especialmente urgentes la implementación por parte de gobiernos e instituciones competentes, de los siguientes aspectos recogidos en la Carta:
1 - Las/os artistas como todos los trabajadores tienen que poder vivir de su trabajo (referencia punto 2 "Demandas legales", párrafo B. "Estímulo de la creatividad y la innovación", de la Carta);
2 - La sociedad necesita para su desarrollo de una red abierta y libre (referencia punto 2 "Demandas legales", párrafo D "Acceso a las infraestructuras tecnológicas", de la Carta);
3 - El derecho a cita y el derecho a compartir tienen que ser potenciado y no limitado como fundamento de toda posibilidad de información y constitutivo de todo conocimiento (referencia punto 2 "Demandas legales", párrafo A "Derechos en un contexto digital", de la Carta);
4 - La ciudadanía debe poder disfrutar libremente de los derechos exclusivos de los bienes públicos que se pagan con su dinero, con el dinero publico (referencia punto 2 "Demandas legales", párrafo C "Conocimiento común y dominio público", de la Carta);
5 -Consideramos necesaria una reforma en profundidad del sistema de las entidades de gestión y la abolición del canon digital (referencia punto 2 "Demandas legales", párrafo B. "Estímulo de la creatividad y la innovación", de la Carta).
Por todo ello hoy se inicia la campaña INTERNET NO SERA OTRA TELE y se llevarán a cabo diversas acciones ciudadanas durante todo el periodo de la presidencia española de la UE.
Consideramos particularmente importantes en el calendario de la presidencia de turno española el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).
La Red tiene previsto reunirse con representantes nacionales e internacionales de partidos políticos, representantes de la cultura y legaciones diplomáticas.
Firmado Red SOStenible
http://Red-SOStenible.net
http://Red-SOStenible.net/colabora/
La Red Sostenible somos todo. Si quieres adherirte a este texto, cópialo, blogguéalo, difúndelo.
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